Aquí es donde la cosa se puso interesante: autoridades federales aseguraron alrededor de 59 millones de litros de combustible en un inmueble de San José de Iturbide, Guanajuato, en uno de los decomisos de hidrocarburo más grandes reportados recientemente en el país. El detalle es que, días después, la Fiscalía General de la República (FGR) todavía no ha terminado de comprobar si todo ese combustible tenía un origen ilegal.
El operativo se realizó en la comunidad de La Fragua, donde las autoridades encontraron aproximadamente 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de gasolina Premium y 18.2 millones de litros de diésel. También fueron asegurados tanques de almacenamiento, vehículos, contenedores y documentación relacionada con la investigación.
La investigación, según la información oficial, comenzó desde julio, luego de que una persona fuera detenida mientras presuntamente descargaba diésel de una pipa. Al no poder acreditar la trazabilidad del combustible, las autoridades siguieron la pista hasta llegar a distintos inmuebles en Guanajuato y finalmente al centro de almacenamiento de San José de Iturbide.
Y aquí viene el giro
Aunque inicialmente se presentó el aseguramiento como un golpe contra el contrabando de combustible, posteriormente surgieron dudas sobre si los 59 millones de litros podían ser considerados realmente como huachicol fiscal.
La empresa relacionada con las instalaciones, Grupo Simsa, sostiene que cuenta con permisos para almacenar hidrocarburos y que el combustible pertenece a terceros. La FGR, por su parte, mantiene abierta la investigación para revisar la documentación y determinar la procedencia y legalidad del producto.
La presidenta Claudia Sheinbaum también señaló que el caso todavía estaba bajo investigación y que sería la Fiscalía la encargada de determinar qué ocurrió con el combustible.
Y el asunto se puso todavía más movido este viernes: el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el delegado de la FGR en Guanajuato dejó el cargo debido a anomalías detectadas en el operativo, entre ellas que el aseguramiento habría ocurrido aproximadamente dos semanas antes de que se hiciera público. La FGR continúa revisando la documentación.
Entonces, ¿qué sigue?
Por ahora, el caso sigue abierto. La autoridad tiene que determinar de dónde salió el combustible, quién era su propietario, si contaba con la documentación correspondiente y si existió algún delito fiscal o relacionado con hidrocarburos.
Así que, aunque el número de 59 millones de litros impresionó desde el principio, todavía falta la parte clave: que la investigación establezca legalmente cuál era el origen de ese combustible y si efectivamente estaba relacionado con una operación ilícita.
Por lo pronto, el caso ya puso nuevamente bajo los reflectores el problema del combustible de procedencia irregular en México y, de paso, dejó una pregunta bastante mexicana: ¿qué onda con esos 59 millones de litros y quién va a explicar bien de dónde salieron?
