Imagínate que las autoridades ven pasar cargamentos gigantescos de una droga que mata con solo unos miligramos... y deciden no detenerlos. Así de fuerte. Eso es justo lo que ahora investigan los republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y el asunto ya está en boca de todos.
Todo se centra en la DEA (la Administración de Control de Drogas de EU) y en una táctica que, dicho en corto, consistía en vigilar cargamentos masivos de fentanilo sin incautarlos, con la idea de armar casos judiciales más grandes contra los responsables. El problema: mientras tanto, la droga sí llegaba a las calles.
¿Quién está detrás de la investigación?
El presidente del comité, el congresista republicano James Comer (de Kentucky), le mandó una carta este lunes al secretario de Justicia, Todd Blanche, pidiéndole documentos sobre esta estrategia tan cuestionada. Y no se anduvo con rodeos: calificó la política de "inconcebible" y aseguró que provocó "un daño considerable y la pérdida de vidas".
El foco: Nuevo México
La cosa se pone más fuerte cuando volteamos a ver Nuevo México, que se ha convertido en el epicentro de la crisis del fentanilo en EU. Ahí, informantes de la propia DEA revelaron que se les ordenó "hacerse a un lado" en vez de decomisar cientos de miles de pastillas de fentanilo, lo que podría violar las reglas del Departamento de Justicia diseñadas justo para proteger a las comunidades.
La semana pasada, el fiscal general del estado, Raúl Torrez, demandó al Departamento de Justicia para exigir que entregara esos mismos documentos que ahora también busca el Congreso.
¿Y la DEA qué dice?
Hasta el momento, la dependencia no ha respondido a las solicitudes de declaraciones sobre el tema. Silencio total.
Lo que reveló la investigación periodística
Todo este escándalo estalló hace dos meses, cuando una investigación de la agencia AP encontró que agentes de la DEA vigilaron en repetidas ocasiones grandes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025, dejándolos llegar a las calles mientras se armaban casos penales más sólidos.
Y aquí viene lo más fuerte: esto pasó en plena epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, e incluso mientras la propia DEA encabezaba la campaña "One Pill Can Kill" ("Una pastilla puede matar"), que advertía que unos cuantos miligramos de fentanilo bastan para matar a alguien. El año pasado, la Casa Blanca llegó a catalogar este opioide sintético como "arma de destrucción masiva".
¿Por qué solo se piden documentos de la era Biden?
Comer pidió específicamente registros del gobierno de Joe Biden, señalando lo que él llama una "relajación" de los protocolos de mitigación de riesgos del fentanilo que se habían creado durante el primer gobierno de Donald Trump.
Para ponerlo en perspectiva: en 2017 la política pedía a los agentes "incautar o impedir de otro modo la distribución" del fentanilo "tan pronto como fuera practicable". Pero en 2024, el Departamento de Justicia reescribió esas reglas para darle a las autoridades mucha más libertad para decidir si actuaban o no, argumentando que así "preservaban" las investigaciones.
La táctica siguió, incluso con Trump de vuelta
Lo que encontró la AP es que esta estrategia de dejar "caminar" a la droga continuó durante el segundo gobierno de Trump, justo antes del decomiso más grande en la historia de la DEA, anunciado en mayo de 2025 por la entonces secretaria de Justicia, Pam Bondi.
En esa operación se aseguraron cerca de 3 millones de pastillas de fentanilo. Pero, ojo: cantidades todavía mayores no fueron decomisadas. Mientras tanto, agentes en Albuquerque observaban desde helicópteros y vehículos de vigilancia cómo distribuidores entraban a hoteles cargando mochilas con hasta 100 mil pastillas de fentanilo... y no hacían nada.
Según un exsupervisor de la DEA que trabajó en el caso —y que ahora es uno de tres denunciantes que están destapando esta práctica—, toda esa red de distribución pudo haberse desmantelado hasta seis meses antes.
¿Qué sigue?
El órgano de control interno del Departamento de Justicia ya anunció este mes que hará una revisión a nivel nacional para saber si esta misma táctica se usó en otras partes del país.
Por su parte, el administrador de la DEA, Terry Cole, defendió el trabajo de la agencia en una entrevista con Fox News este mes: "Nuestras investigaciones son de largo plazo, son complejas y se realizan bajo la guía de la ley. Seguiremos haciéndolo, pero necesitamos mantenernos 100% enfocados en el adversario", dijo, dando la bienvenida a la revisión del inspector general.
Por lo pronto, el caso sigue abierto y con cada vez más ojos encima: legisladores, un fiscal estatal y denunciantes internos apuntando hacia la misma pregunta incómoda: ¿cuánta gente murió mientras las autoridades decidían esperar?