Han pasado 12 años desde la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y las madres y los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa siguen esperando respuestas. Este 28 de septiembre de 2026, el Gobierno de México presentó lo que llama nuevas líneas de investigación, ahora con un método más técnico y científico.
¿Qué cambió?
Las autoridades revisaron de nuevo documentos y registros telefónicos. Ordenaron, cruzaron y compararon todo lo reunido durante 12 años. Según explicaron, así encontraron indicios que antes nadie había visto o que no se habían investigado a fondo.
La presentación estuvo a cargo de Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y de Mauricio Pazarán, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República.
Línea 1: las llamadas, las funerarias y el SEMEFO
Al analizar las comunicaciones aparecieron patrones que no se conocían y 17 nuevos objetivos de investigación. También se reconstruyeron los vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y gente relacionada con funerarias.
Se detectaron llamadas entre miembros de esa organización criminal y personal de funerarias y del sector salud. Una de las personas investigadas y su familia eran dueñas de funerarias, tenían la concesión del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaban en la administración de un panteón.
En agosto de 2025 se estableció que el dueño de la funeraria usó el teléfono de uno de los estudiantes. Por eso, en octubre de ese año hubo cateos en las funerarias y en el SEMEFO. Encontraron un fémur humano, un arma de fuego, documentación y un horno crematorio sin registro oficial. También detectaron irregularidades graves en la operación del SEMEFO.
De marzo a junio de 2026 se hicieron búsquedas en el SEMEFO y se recuperaron 23 indicios. Entre ellos había cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos. Todo sigue en análisis pericial para determinar qué es y si coincide con personas desaparecidas. Además, a petición de las madres y los padres, se sumó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para reforzar los estudios.
Línea 2: los celulares de los estudiantes
Aquí se analizó la información de tres teléfonos de estudiantes, sobre todo la cadena de personas que los usaron después de la desaparición. Esto dio resultados en tres frentes:
En un caso se pudo ejercer acción penal. El 24 de agosto de 2026 se giró orden de aprehensión contra un exservidor público de Iguala por delincuencia organizada y desaparición forzada.
Otro teléfono lo usó un policía municipal de Iguala, que registró actividad la noche de los hechos. Su participación está bajo investigación.
El tercer aparato refuerza la hipótesis de que algunos estudiantes fueron llevados a la barandilla municipal. Quien lo usó después era gente cercana a un exservidor público de esa dependencia. Eso contradice lo que José Ulises "N", exjuez de barandilla, declaró ante la entonces PGR.
Línea 3: alguien que estuvo ahí y nunca había sido identificado
Al revisar de nuevo los expedientes se identificó a una persona que participó en los hechos y que no había aparecido antes. En ese entonces tenía 14 años. El 30 de julio de 2026 rindió su declaración, y de ahí salió información que refuerza las acusaciones contra miembros de Guerreros Unidos.
Línea 4: los videos que alguien escondió
Esta línea tiene que ver con el ocultamiento de las videograbaciones de las cámaras de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero de esa noche. Con ella se reconstruyó parte de las decisiones que tomaron funcionarios de alto nivel para esconder ese material.
El resultado fue la detención de la exmagistrada presidenta del Tribunal y de la exvisitadora del mismo órgano. Ambas siguen sujetas a proceso penal. Lo que declararon, sumado a nuevos elementos, sirvió para sustentar la detención del exgobernador de Guerrero el 6 de agosto de 2026, por desaparición forzada en agravio de los 43 estudiantes.
¿Y los expertos internacionales?
Se explicó que hay una ruta de colaboración con la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que será la encargada de proponer a los especialistas.
¿Qué sigue?
El gobierno aseguró que las madres y los padres siguen al centro del proceso. Dijo que la prioridad es encontrar a los jóvenes, esclarecer lo ocurrido y llevar ante la justicia a los responsables, que el caso no está cerrado y que nadie está por encima de la ley.
Estas son las acciones inmediatas que anunciaron:
- Mantener y ampliar la búsqueda de los estudiantes.
- Encontrar la verdad y la justicia.
- Profundizar en la línea de las videograbaciones, su destino y la participación de varias personas, incluidos funcionarios de aquel momento.
- Profundizar en la línea de la funeraria y el SEMEFO.
- Mantener el diálogo y la atención a las madres y los padres, y garantizar sus derechos a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
