A ver, aquí el contexto: el informe se enfoca principalmente en hechos del periodo 2009-2017 —o sea, en tiempos de Calderón y Peña— y además solo analiza cuatro estados. Pero el problema es que el Comité se quedó corto: su postura suena parcial y medio sesgada, porque dejó fuera los avances que el Gobierno presentó el 27 de marzo. Incluso, ignoró información actualizada antes de publicar su resolución… y eso sí prende focos 🚨
De hecho, el mismo Comité admite (en los párrafos 117 y 118) que no hay evidencia de una política federal para llevar a cabo desapariciones forzadas de forma sistemática o generalizada. Y eso, guste o no, refleja una realidad distinta a la de años pasados.
Pero aquí viene lo más directo: México rechaza el informe por considerarlo tendencioso. Básicamente, no tomó en cuenta observaciones, análisis ni actualizaciones del propio Gobierno, que muestran que los argumentos del Comité no solo no cuadran con la definición de desaparición forzada que ellos mismos manejan, sino que también ignoran los avances institucionales logrados desde 2019 —y sobre todo los más recientes, a partir de 2025—. O sea, se quedaron con una foto vieja 📸
Además hay que decirlo claro: el procedimiento de la Convención está pensado para contextos donde las desapariciones son generalizadas y sistemáticas, cometidas por el Estado, y donde además las autoridades ni actúan ni cooperan. Y, según esta postura, ese no es el México de hoy. Más bien, se habla de un país que ha venido empujando una transformación estructural en este tema.
También hay críticas fuertes al nivel del análisis: se señala falta de rigor jurídico y argumentos medio ligeros, especialmente en cómo interpretaron el vínculo con el Estatuto de Roma. Súmale posibles conflictos de interés —porque al menos uno de los integrantes habría trabajado con organizaciones que han denunciado al Estado mexicano— y el asunto se pone todavía más delicado. Desde el Gobierno, la postura es clara: en México no se toleran ni se ordenan desapariciones forzadas. Al contrario, en esta administración se han impulsado cambios importantes, de la mano con colectivos de familias, para enfrentar este problema de raíz.Y no es discurso: en julio de 2025 se aprobaron reformas clave que el Comité prácticamente pasó por alto, como:
- La Alerta Nacional de Búsqueda
- Investigación desde el primer reporte
- Base Nacional de Carpetas
- Plataforma Única de Identidad
- Fiscalías especializadas en todos los estados
- Fortalecimiento del Banco Forense
- Más capacidades para la Comisión Nacional de Búsqueda
- Registros oficiales con datos básicos obligatorios
- Coordinación real entre autoridades
- Inclusión de comisiones de víctimas en el sistema
Además, organismos internacionales han reconocido que México sí mantiene cooperación constante con sistemas de derechos humanos 🌐
El país está abierto a trabajar con la comunidad internacional, pero no bajo diagnósticos que —según esta postura— no reflejan lo que hoy está pasando. El compromiso sigue siendo erradicar las desapariciones forzadas, fortalecer la búsqueda y garantizar verdad, así como justicia para las víctimas y sus familias porque esa es la prioridad central.