18 de marzo de 2026 | Ciudad de México
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que, según explicó, busca reducir privilegios, ampliar derechos democráticos y fortalecer la participación ciudadana.
Durante la Conferencia del Pueblo, y por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria destacó que la propuesta mantiene como eje la disminución de costos en el sistema electoral, alineada con el principio de Austeridad Republicana.
Con un tono enfocado en la participación popular, Rodríguez subrayó que “el pueblo pone y el pueblo quita”, al insistir en que las decisiones clave deben mantenerse en manos de la ciudadanía. Añadió que la reforma busca responder a los retos actuales del país y avanzar hacia un modelo más justo, equitativo y democrático.
Entre los puntos concretos, explicó que se propone reducir el costo de los congresos locales, estableciendo un número de regidurías que iría de siete a un máximo de 15 por municipio, además de contemplar una sola sindicatura. Los recursos que se generen como ahorro, dijo, se destinarían a obras de infraestructura pública en municipios y estados, lo que podría traducirse en beneficios directos para la población, como mejoras en servicios y desarrollo local.
La iniciativa también plantea que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y Organismos Públicos Locales Electorales no perciban salarios superiores al de la titular del Ejecutivo federal, una medida que busca reforzar la percepción de equidad en el servicio público.
En el caso del Senado, se contempla una reducción progresiva del gasto hasta alcanzar un 15%, lo que abonaría a un manejo más eficiente de los recursos públicos. Asimismo, se propone ajustar el mecanismo de revocación de mandato para que se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, facilitando su organización y participación.
Finalmente, la secretaria indicó que el proyecto incluye modificaciones a diversas normas, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.
En ese sentido, la propuesta se perfila como un paso hacia un sistema electoral más eficiente y cercano a la ciudadanía, donde el uso responsable de los recursos y la participación activa de la gente puedan traducirse en instituciones más sólidas. La apuesta, según lo planteado, es que estos cambios contribuyan a fortalecer la confianza pública y a consolidar una democracia que evoluciona con las demandas del país.