Ni la edad ni los problemas de salud le alcanzaron. Un juez federal acaba de mandar a prisión preventiva al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y no, no lo va a esperar en su casa: se queda en el penal del Altiplano.
Para que le entiendas rápido: Aguirre llegó a la audiencia en silla de ruedas. El señor tiene hipertensión y, según contó él mismo, desde que lo detuvieron su salud se le vino para abajo. Se sintió mal en la noche dentro del penal y hasta horas antes de la audiencia, por lo que un médico del lugar tuvo que revisarlo.
Con ese cuadro, su defensa jugó la carta obvia: pidió que cumpliera la prisión preventiva en arraigo domiciliario, o sea, en su casa, argumentando su edad y su estado de salud. El juez dijo que no. Consideró que el caso no cumplía con lo que marca la ley para darle ese beneficio.
¿Y todo esto por qué es?
Vamos a ponerle contexto, porque esto viene de lejos. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Once años después, el caso sigue sin resolverse del todo y sigue destapando nombres.
Ahora le tocó a Aguirre, quien en ese entonces era el gobernador del estado. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de desaparición forzada y de haber ordenado ocultar y destruir evidencia clave sobre lo que pasó esa noche, específicamente videos de las cámaras de seguridad que estaban afuera del Palacio de Justicia de Iguala.
¿Y en qué se basa la acusación? En los dichos de dos testigos: Blanca, quien fue visitadora general del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina, actual presidenta del Poder Judicial guerrerense. Ambas aseguran que Aguirre dio la orden de tapar todo.
Una de ellas incluso afirma que el 29 de septiembre de 2014 le entregó personalmente a Aguirre un disco con esos videos, y que un día después el entonces gobernador reunió a su círculo cercano —incluido el que fuera procurador de justicia del estado, Iñaki Blanco— para deshacerse de cualquier rastro de lo ocurrido.
Así reaccionó Aguirre en la audiencia
Durante la imputación, el ex gobernador escuchaba todo mientras negaba con la cabeza, como en desacuerdo, y en algún momento hasta soltó una sonrisa que parecía de incredulidad.
Se reservó el derecho a declarar, pero al final decidió hablar. Dijo que lamentaba lo sucedido esa noche con los normalistas, que siempre colaboró con las investigaciones para esclarecer los hechos, y cerró con una frase que ya está dando vueltas: "yo tengo mi conciencia tranquila y en paz".
¿Cómo llegó Aguirre hasta aquí?
Fue detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) sobre la carretera México-Querétaro, a la altura de Tepotzotlán, Estado de México. De ahí lo pusieron a disposición del juzgado segundo de distrito con sede en el Altiplano, donde se desarrolló esta audiencia que duró más de seis horas.
La FGR explicó que esta acusación es producto de un "nuevo modelo de investigación" que se hizo en conjunto con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), la propia SSPC y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sumando también al Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen).
Según la Fiscalía, este reanálisis a fondo de todo el expediente abrió nuevas líneas de investigación que, dicen, comprueban con evidencia que la orden de ocultar todo salió directamente del entonces gobernador, con ayuda de funcionarios estatales de alto nivel.
¿Qué sigue?
La audiencia no terminó del todo: continúa el martes 11, y el juez tiene plazo hasta el miércoles 12 a las 20:00 horas para decidir si vincula o no a proceso a Aguirre por el delito de lesa humanidad que se le imputa.
Por lo pronto, el ex gobernador se queda en el Altiplano. ¿Tú crees que esto abra la puerta a que salgan más nombres del caso Ayotzinapa?
