Ya hay consecuencias para quien le quitó la vida a Rocky. Este miércoles, la Fiscalía General de Coahuila confirmó que Liliana "N" fue vinculada a proceso y quedó bajo prisión preventiva por la muerte del perrito que conmocionó a todo el país.
Rocky, un Gran Pirineo de 14 años, murió esa misma mañana en el hospital veterinario Pets Care Saltillo. La causa: un trauma medular agudo provocado luego de que lo arrastraran con una cadena atada a la camioneta de su dueña, el sábado 18 de julio, en el fraccionamiento Villas de San Miguel.
Todo empezó cuando vecinos grabaron el momento exacto en que Liliana maniobraba su camioneta hacia adelante y atrás dentro de su cochera, con Rocky enganchado atrás. Según el testimonio de un vecino, cuando la confrontaron ella respondió con total indiferencia, alegando que no se había dado cuenta de que sus hijos habían amarrado al perro ahí. Fue otro vecino quien le quitó la cadena al animal, que ya sangraba y se estaba asfixiando.
Fue Leonel García, también vecino del fraccionamiento, quien cargó a Rocky en su propia camioneta y lo llevó de inmediato al veterinario. Mientras tanto, testigos aseguran que Liliana salió con una cubeta de agua, pero para limpiar la sangre de su cochera, no para atender al perro.
La Fiscalía detalló que la investigación arrancó apenas se viralizaron los videos: se hizo una inspección del domicilio autorizada por un juez de control y se recabaron pruebas periciales.
Un día antes de que detuvieran a Liliana, la noche del lunes 20 de julio, cayó su esposo Jorge "N", acusado de obstrucción a la justicia por entorpecer el trabajo de los agentes durante el cateo a su casa e incluso amenazarlos.
Liliana fue detenida el martes 21 de julio mediante una orden de aprehensión, y ese mismo día un juez la vinculó a proceso con prisión preventiva justificada. Hoy ya está internada en el centro para mujeres.
Durante los días que ella estuvo prófuga, la indignación en Saltillo no dejó de crecer, al grado de que vecinos y colectivos animalistas llegaron a cuestionar si la pareja tenía algún tipo de protección política. Tanto el Ayuntamiento de Saltillo como el PAN se deslindaron públicamente de cualquier vínculo con los implicados.
La Fiscalía fue tajante: aseguró que en Coahuila se aplica todo el peso de la ley "sin contemplación alguna", y que el resultado fue posible gracias a la coordinación entre distintas instituciones y asociaciones animalistas que dieron seguimiento al caso desde el primer día.
