Cobrar un sueldo sin presentarse a trabajar parece cosa del pasado, pero en el Estado de México las autoridades aseguran haber descubierto una red que habría convertido esa práctica en un millonario negocio. El resultado, hasta ahora, es que 27 personas ya enfrentan un proceso penal por un presunto fraude que supera los 96 millones de pesos.
Todo comenzó después de que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México presentara varias denuncias al detectar irregularidades en la asignación de plazas docentes. Durante las revisiones, se identificaron 459 movimientos de alta de personal cuyos supuestos titulares, según las investigaciones, nunca llegaron a desempeñar las funciones para las que fueron contratados.
De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el esquema consistía en registrar personas en la nómina del gobierno como si fueran trabajadores activos, cuando en realidad no laboraban. Una vez depositados los salarios y prestaciones, el dinero era retirado y posteriormente repartido entre quienes formaban parte de la organización.
Las investigaciones apuntan a que este mecanismo operó entre enero de 2025 y febrero de 2026. En ese periodo, la red habría obtenido de manera ilegal más de 96 millones de pesos mediante pagos quincenales cercanos a los cuatro millones de pesos. A eso se sumaban prestaciones como aguinaldos, primas vacacionales y bonos, por lo que las autoridades no descartan que el daño al erario sea todavía mayor conforme avance la investigación.
La carpeta del caso también involucra a exsubsecretarios, directores generales, delegados administrativos, jefes de departamento, capturistas y otros servidores públicos adscritos a distintas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Finanzas, la SECTI, la Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría del Bienestar.
La magnitud del expediente refleja el tamaño de la investigación. Según las autoridades judiciales, la carpeta está integrada por 30 tomos que reúnen alrededor de 12 mil fojas con entrevistas, peritajes, documentos e inspecciones. Todo ese material sirvió para solicitar las órdenes de aprehensión y lograr que los 27 acusados fueran vinculados a proceso.
Por ahora, todos permanecen en prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez. Ahí seguirán mientras continúan las audiencias y el proceso penal en su contra por los presuntos delitos de fraude y abuso de autoridad.
Las autoridades advirtieron que las indagatorias siguen abiertas, por lo que el monto del presunto desfalco y el número de personas involucradas podrían aumentar conforme se incorporen nuevos elementos a la investigación.
